Toledo, 10 de agosto de 2023. - Este 10 de agosto celebramos los 41 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en las Cortes Generales. En los últimos meses nos hemos esforzado por recordar, reivindicar y celebrar las cuatro décadas de nuestro transitar común, fruto del proceso de construcción autonómica que tiene en la aprobación del Estatuto en 1982 su fecha más señalada. Por eso, durante la última legislatura, hemos desarrollado junto al Gobierno regional y a las cinco diputaciones provinciales una programación que ha puesto el acento en este recorrido. Y en esta ocasión lo volvemos a hacer celebrando además los 40 años de nuestras Cortes regionales, que, como cámara de representación de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, es el corazón de nuestra democracia autonómica.
Hoy Castilla-La Mancha es una comunidad plenamente identificada con los proyectos nacional de España y de Europa, que crece en el plano económico y social, fruto de la estabilidad, mejor vertebrada que cuando nació y cada día más orgullosa de sí misma, con la autoestima necesaria para defender un encaje en armonía en nuestro país: sin pretender ser más que nadie, pero sin tolerar ser menos. La región ha experimentado en estas cuatro décadas la mayor transformación de su historia, gozamos de unos niveles de bienestar y prosperidad desconocidos hasta ahora y tenemos un porvenir prometedor que no puede desligarse ya de la existencia de esta comunidad autónoma, con su voz propia en el conjunto del Estado y con unas instituciones autónomas, como nuestro propio Parlamento, donde tomamos nuestras propias decisiones y debatimos de los asuntos que resultan de nuestra competencia.
Recientemente hemos celebrado elecciones y, como consecuencia de los resultados que expresan la voluntad de la ciudadanía castellanomanchega, hemos constituido nuestros organismos autónomos, con absoluta normalidad y con la vista puesta en seguir trabajando otros cuatro años más por el bienestar de nuestras gentes. Estos 40 años han trazado el camino a seguir. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por las inercias ni caer en la autocomplacencia. Si me permiten el símil, el Estatuto de Autonomía es el vehículo para seguir recorriendo esta senda, pero necesita una puesta a punto que nos permita seguir alcanzando nuevas metas.
La reforma del Estatuto de Autonomía es oportuna y necesaria. El presidente autonómico Emiliano García-Page ha puesto sobre la mesa la conveniencia de abordarla con cierta urgencia. Aunque el Estatuto acumula ya cuatro reformas a lo largo de su historia, la experiencia del último intento de entidad, truncado hace una década, debería animar a las diferentes fuerzas políticas a lograr el máximo consenso, al menos entre los dos principales partidos, tanto en nuestras Cortes como en las Cortes Generales, para culminar una reforma que, en mi opinión, debería abordar tres cuestiones principales.
En primer lugar, aunque no lo sea por importancia, habría que atender a una reforma de la ley electoral que mejore la representatividad de nuestra Cámara. Hay que reflexionar sobre este aumento de escaños desde posturas complejas y de calado, no desde planteamientos simplistas y populistas. Está en juego mejorar la representación de la ciudadanía en la asamblea y hay que hacerlo, además, sin trampas: en el único mandato en que el PP tuvo mayoría en nuestra región, cambió dos veces la ley electoral, primero elevando el número de diputados hasta llegar a 55, y a continuación restando más de 20 para dejarlos en los 33 actuales. Dos cambios de criterio radicalmente opuestos que se basaron exclusivamente en el cálculo electoralista y en el interés partidista del PP de Cospedal.
El resultado es que ahora mismo tenemos la Cámara Autonómica con menor número de diputados y diputadas de España junto con La Rioja y la menor en proporción con el tamaño de nuestra población. Pero sobre todo tenemos un déficit de representatividad que debemos corregir para que la composición de la Cámara se ajuste más a la realidad de nuestra región. Aunque la reforma electoral no sea seguramente el mayor de los problemas, no debemos descuidar una corrección que resulta más que oportuna.
El Estatuto para los próximos años debe ser, además, un texto moderno, que incorpore instrumentos con los que otras comunidades se han ido actualizando en los últimos tiempos, en los llamados ‘estatutos de tercera generación’. Me refiero por ejemplo a los decretos-leyes, que habrían permitido aprobar normativa de manera más ágil y dinámica -que posteriormente se convalida o cesa en el parlamento- para situaciones tan extraordinarias como lo fue, sin ir más lejos, la reciente pandemia de Covid-19.
Dejo para el final el tercero de los aspectos, que considero importante: el blindaje de los servicios públicos, desde luego la educación y la sanidad, de modo que, con independencia de quien gobierne, nuestras provincias, pero especialmente nuestras comarcas rurales, tengan garantizados los servicios fundamentales provistos por parte de la Administración. Del mismo modo, habría que considerar la necesidad de blindar por ley algunos recursos imprescindibles para nuestro desarrollo, como el agua.
No está en mi mano que esta reforma llegue a buen puerto, pero sí animar a los grupos parlamentarios a ponerse a trabajar cuanto antes con el objetivo común de defender los intereses de Castilla-La Mancha y con el espíritu de colaboración que en los años de la Transición permitió que, desde sensibilidades muy diferentes, se lograsen consensos en aspectos básicos como dotarnos de un marco normativo en nuestro país y en nuestra región. El mejor modo de celebrar estos 41 años de Estatuto de Castilla-La Mancha pasa por honrar estos orígenes y trabajar con empeño por un futuro mejor.
