Aprobada en Pleno sin oposición la Ley de Bienestar Animal  

La sesión ordinaria de hoy ha resultado excepcional por tratarse de un Pleno convocado en agosto, un mes que este año es hábil, a propuesta del presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, aprobada por la Mesa para compensar la pérdida de sesiones durante el estado de alarma por la pandemia.

La aprobación en la ronda de votaciones y tras su debate matutino de la Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los animales convierte a esta en la décimo cuarta iniciativa legislativa que -además de las Presupuestos de 2020- ha salido adelante en las Cortes regionales durante esta legislatura.

Lo ha hecho sin que se haya incorporado ninguna de las 22 enmiendas que mantuvieron los grupos tras el paso del texto por la Comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, y después de que el debate por la mañana contase con la defensa del texto por parte del ponente, el socialista Julián Martínez, y del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. El dictamen ha recibido el apoyo de los grupos Socialista y de Cs y la abstención de la bancada popular.

La nueva ley tiene como finalidad “asegurar el bienestar de los animales, proporcionándoles la protección que corresponde por su condición de seres sintientes evitando las situaciones de crueldad y maltrato, sufrimientos, dolor o angustias innecesarios, abandono, ausencia de auxilio, omisión o dejadez de atención”, según expone su segundo artículo.

Debates sobre turismo y despoblación

El primero de los tres debates generales desarrollados a lo largo de la jornada ha versado sobre el turismo como sector estratégico, a propuesta del Grupo Popular, y ha contado con la presencia de la consejera de Economía, Patricia Franco, como responsable de las políticas regionales en esta materia. La resolución socialista aprobada reconoce precisamente el trabajo realizado por el Gobierno autonómico, al que insta a “dar continuidad al modelo económico sostenible” que mantiene, así como a que reclame al Gobierno de España “más peso en la promoción de la oferta turística del turismo de interior” y “que promocione la marca España ligándola a la obra del Quijote”.

También ha salido adelante la resolución presentada por Ciudadanos, que reclama reactivar el mercado turístico de la Comunidad de Madrid; la puesta en marcha de los planes y ayudas incluidos en el Pacto por la Reconstrucción que firmaron con el Gobierno y el PSOE; activar la figura de municipio turístico incluida en la Ley de declaración de proyectos prioritarios; y reservar el 5% del presupuesto de las campañas de turismo para “medir y evaluar el impacto y cumplimiento de los objetivos”.

En cuanto al segundo debate general, acerca de la despoblación del medio rural, ha contado con la presencia del vicepresidente del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro. La resolución socialista muestra el respaldo de la asamblea regional al pacto firmado por los presidentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón el 3 de julio para la obtención de fondos europeos al incluir a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel en el Mapa Español de Ayudas Regionales 2021-2017, pero reclama la inclusión también de las comarcas guadalajareñas -excepto el Corredor del Henares- como “zona con muy baja densidad de población”, para que se beneficie igualmente de estos fondos, de los que estaría fuera por no cumplir con los requisitos si se toma como referencia el conjunto de la provincia.

Además, el texto aprobado solicita reclamar al Gobierno central “la necesidad de incluir la despoblación y la lucha contra el reto demográfico” en los repartos de diferentes fondos territoriales, entre ellos el de la Covid.

Ocupación ilegal de viviendas

El tercer debate general ha versado sobre la ocupación ilegal de viviendas, en esta ocasión a iniciativa de Ciudadanos, y ha llevado al estrado de oradores al consejero de Fomento, Nacho Hernando. En este sentido, el Parlamento propone varias medidas y reformas al Ejecutivo central y a las Cortes Generales como mejorar los recursos judiciales para “cumplir los plazos establecidos en las leyes de enjuiciamiento”, endurecer las penas en el Código Penal y modificar la Ley de Bases de Régimen Local para evitar que el empadronamiento de quienes ocupan ilegalmente una vivienda sea “prueba de residencia” o constituye un derecho derivado de la misma.

Además de estas medidas del texto socialista, la Cámara también ha dado el visto bueno a una batería de iniciativas incluida en la resolución de Cs, entre ellas la firma de un convenio con los colegios de abogados y procuradores para reforzar sus recursos; diseñar un plan junto a los ayuntamientos con más medidas policiales y de asistencia social; cerrar las puertas a los programas de vivienda regionales a quienes hayan ocupado ilegalmente viviendas y “establecer un Plan de vivienda social” para personas con necesidades reales de techo. A su vez, otros ocho puntos piden al Gobierno central refuerzos judiciales y modificaciones legislativas, incluyendo también endurecer las penas por ocupación ilegal de viviendas y habilitar juicios rápidos por allanamiento y usurpación.

Los diputados y diputadas han debatido y rechazado en la ronda de votaciones -con la mayoría socialista en contra- la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la contratación de personal y al aumento de plantillas en los centros docentes “para poder reforzar los contenidos que hubieran podido perder en el último trimestre del curso pasado”, un asunto que ha sido cerrado con la intervención de la consejera de Educación, Rosa Ana Rodríguez.

Por último, la sesión ha culminado con el bloque de control al Gobierno en el que la oposición ha formulado cuatro preguntas a los consejeros Rodríguez (Educación) y Hernando (Fomento). El PP ha preguntado acerca de la supresión de una línea educativa en Madridejos y la atención médica en las pedanías del municipio ciudadrealeño de Almodóvar del Campo; Ciudadanos ha preguntado sobre la puesta en marcha de una línea de autobuses entre Ciudad Real y Fuencaliente y acerca de las condiciones del parque de ambulancias del Sescam y la prestación de este servicio.

El consejero de Agricultura interviene en el Pleno, durante el debate del proyecto de ley finalmente aprobado. Fotos: Carmen Toldos.

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