Resolución relativa a la minería de tierras raras

DAVID LLORENTE SÁNCHEZ, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos de las Cortes de Castilla – La Mancha, a tenor de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, viene a presentar la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL DEBATE GENERAL, RELATIVO A LA MINERÍA DE LAS TIERRAS RARAS EN LA REGIÓN, EXPEDIENTE 09/DG-00053

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los proyectos mineros de tierras raras que se pretenden acometer en la comarca de Campo de Montiel (Ciudad Real) condicionan el modelo de desarrollo económico, social y ambiental de esta zona. Adoptar una decisión acerca de la viabilidad y ejecución de esta actividad extractiva requiere valorar su incidencia sobre el patrimonio natural y cultural de la zona y sobre las actividades económicas que en ella se desarrollan, así como su aportación al modelo de desarrollo que se pretenda implantar. Se trata, por tanto, de una decisión estratégica de planificación, que necesariamente deber ser –o debería haber sido- previa al otorgamiento de los permisos de investigación y de la propia evaluación ambiental de cada uno de los proyectos en los que se desglosa y pretende materializarse la actividad. En coherencia con este planteamiento, el preámbulo de la Ley 21/2013 (LEA) señala que la evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente, pues facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas y que la evaluación ambiental es un instrumento que acompaña al desarrollo, asegurando que este se integrador y sostenible.

Así, la valoración de los efectos de cualquier actuación sobre las personas, sus bienes y el entorno, además de una cuestión lógica inherente a la planificación de cualquier actividad, es una exigencia, por lo que respecta a los recursos naturales, derivada del artículo 45 de la Constitución Española, que incluye el deber de todas las personas de conservar el medio ambiente, el deber de los poderes públicos de defenderlo y restaurarlo y la obligación de reparar cualquier daño causado. El reconocimiento, el respeto y la protección de este derecho informan la actuación de todos los poderes públicos (artículo 53.3 de la Constitución Española).

Con relación a la evaluación ambiental de proyectos, los tribunales de justicia, señaladamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha dictaminado sobre la imposibilidad de fraccionar un proyecto con el fin de eludir la evaluación de impacto ambiental (lo cual se deduce además del artículo 7.1 a) de la LEA) y de la necesidad de evaluar los efectos acumulativos de varios proyectos sobre un mismo espacio (artículo 35 y conexos de la LEA). Además, existe una protección reforzada de los espacios de la Red Natura 2000 (artículo 45 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y concordantes de la LEA). Además, el carácter radioactivo de algunos de los minerales que forman parte de la composición de las tierras raras exige también informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

En la adopción de esta decisión estratégica tiene una importancia determinante el pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica acerca de los volúmenes de agua que es necesario conceder para el desarrollo de la actividad minera, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una zona con escasez de recursos hídricos, también en lo que a las aguas subterráneas se refiere. El artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas exige la elaboración de un informe previo de la Confederación Hidrográfica sobre los actos y planes de las Comunidades Autónomas que afecten al régimen de aprovechamiento de las aguas continentales. Este informe debe considerar, entre otros aspectos, el respeto a los caudales ecológicos y la situación de sobreexplotación de los acuíferos, así como las necesidades de abastecimiento de la población y otros usos concesionales prioritarios, como la agricultura. Dicho informe tiene carácter vinculante respecto al uso de los recursos hídricos, de manera que un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana resulta suficiente para impedir la realización de cualquier proyecto.

Asimismo, las personas interesadas tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos (artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común); tienen derecho a que se les suministre información ambiental en los términos previstos en la Ley Reguladora de los Derechos de Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia de Medio Amiente. Sus solicitudes deben resolverse en el plazo de un mes (o dos si el volumen o complejidad de la información lo exige); y participan del procedimiento de evaluación ambiental en los trámites previstos en la legislación de impacto ambiental.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha presenta para su aprobación en el Pleno la siguiente

RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno regional a:

1. Adoptar las medidas necesarias para unificar el procedimiento de autorizaciones de minería de tierras raras en Ciudad Real en un único proyecto, dados los efectos combinados y acumulativos sobre una misma zona, de manera que cualquier posible evaluación de impactos ambientales sea global y conjunta.

2. Realizar un procedimiento de evaluación ambiental estratégica del plan de concesiones mineras en la provincia de Ciudad Real iniciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 2013.

3. Adoptar las medidas necesarias para que se proceda al archivo de las actuaciones mineras de tierras raras en Ciudad Real afectadas por los informes negativos proporcionados por la Confederación Hidrográfica.

4. Garantizar la mayor transparencia poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación relevante relativa al estado de tramitación de los procedimientos.

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