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7.º Período de Sesiones.   Día: 11-12-2018 Hora: 16:30

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Resolución relativa a la situación de las pensiones en Castilla-La Mancha

Toledo, 1 marzo 2018. - Aprobada en la sesión plenaria de hoy por 17 votos a favor (Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos), 16 votos en contra (Grupo Parlamentario Popular) y ninguna abstención, con el siguiente texto:

RESOLUCIÓN AL DEBATE GENERAL RELATIVO A LA SITUACION DE LAS PENSIONES EN CASTILLA-LA MANCHA, EXPEDIENTE 09/DG-00223.

Los Grupos Parlamentarios Socialista y de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha presentan para su aprobación en el Pleno la siguiente

RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno de España a:

1. Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, la Reforma Laboral de 2012, etc.

2. Garantizar el poder adquisitivo de todas las pensiones públicas del Sistema de Seguridad Social, aumentándolas un 1,6%, con efectos de 1 de enero de este mismo año. En caso de que el índice de precios al consumo (IPC) acumulado correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018 fuese superior a este 1,6%, se procederá a la correspondiente actualización incrementándose las cuantías de las pensiones públicas con el abono en un pago único de la diferencia no percibida durante 2018. Con ese fin, es necesario eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019.

3. Introducir en el Pacto de Toledo un nuevo principio de “equilibrio presupuestario”, un concepto que implica una búsqueda constante de racionalización de gastos y de ajuste de ingresos y gastos del sistema de la Seguridad Social, y que tendrá efectos en el medio y largo plazo:

a) Racionalizando gastos que no deberían ser pagados por el sistema sino por los Presupuestos Generales del Estado porque no corresponden a prestaciones, como los siguientes:

i. Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas, etc). Si se considera necesario mantener alguna debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de los PGE.

ii. Los gastos de gestión de las Entidades Administrativas de la Seguridad Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos.

b) Complementando la financiación de la Seguridad Social mejorando los ingresos por cotizaciones e incluyendo fuentes de financiación adicionales a la cotización provenientes de nuevos impuestos extraordinarios, por ejemplo, a la banca y a las transacciones financieras.

Respecto a la banca, la burbuja financiera que ocasionó la crisis en la que aún estamos inmersos tuvo también su origen en las malas praxis de las finanzas. Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras (54.353 millones € de dinero público, según cálculos del Banco de España), este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones. Es, en definitiva, una forma legítima de socializar recursos de los rescates recientes.

En lo que respecta a las transacciones financieras, la propuesta es gravar a los grandes beneficiarios de la globalización, los flujos financieros, algo que ya ocurre en países como Francia y que también se está tramitando en la UE. La idea es desalentar la especulación financiera que es otra de las causas de la crisis financiera de 2008 y conseguir que el sector financiero contribuya a los esfuerzos de recuperación de las finanzas públicas.

c) Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

4. Mejorar la naturaleza protectora del sistema, modernizando la gestión del Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual.

5. Adoptar medidas específicas para eliminar progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género):

a. Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas.

b. Recuperar la iniciativa legislativa incluida en la Ley 27/2011 de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres.

6. Convocar de forma inminente el Pacto de Toledo para adoptar de forma urgente las medidas que permitan alcanzar un acuerdo social y político con el fin de asegurar el poder adquisitivo de las pensiones y el equilibrio financiero del sistema público de pensiones, garantizando su sostenibilidad y la suficiencia de las mismas.

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