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Aprobación de la Resolución relativa al futuro de la nueva PAC

Toledo, 2 febrero 2017. - Aprobada la Propuesta de Resolución, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al Debate General relativo al futuro de la nueva PAC a partir de 2021, con 17 votos a favor (Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos) y 15 abstenciones (Grupo Parlamentarios Popular), con el siguiente texto:

Resolución al Debate General relativo al futuro de la nueva PAC a partir de 2021, Expediente 09/DG-00109.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde la creación de la entonces Comunidad Económica Europea, la Política Agraria Común (PAC) ha constituido una de las políticas más relevantes en el proceso de construcción europeo, tanto desde una perspectiva meramente económica como política, social y territorial. Con la finalidad original de ayudar a los agricultores europeos a satisfacer las necesidades de una población y una demanda alimentaria crecientes, de forma estable, a precios asequibles para el consumidor y garantizando los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, la PAC se ha ido adaptando progresivamente a las demandas sociales de cada momento. Hoy, se enfrenta al inigualable reto de abastecer a los más de 500 millones de consumidores internos a los que añadir el mercado exterior de la que es la primera potencia comercial agroalimentaria a escala global.

Gracias a la PAC, la Unión Europea ha logrado desarrollar el que probablemente sea el modelo agroalimentario más virtuoso del mundo, capaz de suministrar alimentos de forma estable y a precios asequibles a los consumidores y a una potentísima industria transformadora, acreditadores de los mayores estándares de seguridad y calidad, y aplicando unos procesos productivos triplemente sostenibles desde una óptica medioambiental, económica y social.

Este modelo productivo se sustenta sobre un sector compuesto por 11 millones de explotaciones agrarias en toda Europa, en la que trabajan unos 22 millones de personas. Solo en España contamos con cerca de 1.000.000 de perceptores de la PAC, de los que unos 140.000 corresponden a Castilla-La Mancha. Paralelamente, la industria agroalimentaria comunitaria, nacional y regional se ha convertido en el primer sector industrial en términos laborales y de facturación económica. Son unos 44 millones de empleos los generados en Europa por el complejo agroalimentario conformado por su industria, su distribución y sus servicios, y solo la industria agroalimentaria emplea a medio millón de personas en España y a unas 50.000 en nuestra región.

Tomando también en consideración el superávit comercial cifrado en unos 19.000 millones de euros para el conjunto de la UE, e igualmente positivo a escala nacional y regional, el sector agroalimentario representa el 6% del PIB de la UE, cifra que llega al 8,5% nacional y al 12% regional.

Sin embargo, la PAC no se justifica tan solo por su peso económico y productivo, que también, si no por haberse convertido en el mecanismo que nos ha permitido a los ciudadanos europeos articular el llamado “contrato social” con los agricultores, como medio de pago por todos los servicios añadidos que prestan al conjunto de la sociedad más allá de permitir una producción alimentaria suficiente, estable, económica, segura y de calidad. Los agricultores y los ganaderos son los garantes fundamentales de la preservación medioambiental, de la biodiversidad, del patrimonio genético y de los recursos naturales, a la vez que posibilitan la gestión y la vertebración territorial, el desarrollo rural y la salvaguarda de un acervo cultural y gastronómico y de unos modos de saber hacer vinculados al territorio.        

En el contexto actual, la PAC se engarza dentro del ambicioso planteamiento general de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La Estrategia Europa 2020 persigue la obtención de una economía basada en el conocimiento y la innovación, más verde y competitiva, y que posibilite la consecución de altos niveles de empleo de calidad y una sólida cohesión social y territorial. Y en estos principios encajan perfectamente la agricultura y la industria agroalimentaria de Europa, de España y de Castilla - La Mancha con sus retos productivos, económicos, comerciales, sanitarios, medioambientales y sociodemográficos. Tales retos vienen definidos por la globalización y liberalización del comercio internacional y por toda una serie de condicionantes naturales y geoestratégicos, que repercuten sobre los productores europeos y desde luego sobre los castellano-manchegos. Todo ello afectará, sin duda, a una producción agroalimentaria orientada a la exportación de productos de alto valor añadido como es el caso de la industria agroalimentaria europea, nacional y regional. Paralelamente, el cambio climático muestra ya sus consecuencias medioambientales, hídricas, productivas y sanitarias, todo ello en un contexto de incremento casi exponencial de la demanda alimentaria a escala global según las previsiones de la FAO, y condicionada en el caso español y castellano-manchego por una realidad social claramente amenazada por la despoblación, el envejecimiento y la masculinización de amplias zonas de nuestro medio rural.

De esta realidad global hemos de ser plenamente conscientes los ciudadanos europeos para poder diseñar la nueva PAC con la que nos hayamos de dotar más allá de 2021. Es por ello que la UE ha empezado a tomar posiciones en tan fundamental cuestión como es la producción agroalimentaria. Según anunció el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la inauguración de la Conferencia sobre la Perspectiva Agrícola de la Unión Europea celebrada recientemente en Bruselas, la Comisión Europea abrirá en breve una consulta pública para recoger todas las propuestas de los Estados miembros, lo cual contribuirá al diseño de la PAC post 2020, que habrá de estar perfilada a finales de 2017.

Castilla-La Mancha no puede mantenerse al margen de este proceso de construcción común, puesto que de ello depende directamente la rentabilidad de su primer sector socioeconómico. Los ciudadanos castellano-manchegos hemos de asegurarnos de que la nueva PAC aborde y profundice en la defensa de nuestros intereses agroalimentarios.

En el Primer Pilar, tales intereses pasan por la priorización del agricultor activo, los jóvenes y las mujeres en el ámbito agrario; por alcanzar un auténtico reequilibrio de la cadena alimentaria; por garantizar una convergencia real; por implementar una política integral de gestión de los recursos hídricos que respete la sostenibilidad medioambiental y el legítimo derecho al desarrollo sostenible de todos los ciudadanos y territorios; por suprimir los derechos históricos aplicados para verdaderamente modernizar la gestión de la PAC; por poner en valor ante la sociedad el papel en la preservación medioambiental, en la seguridad alimentaria y en la vertebración del territorio de la agricultura, de manera que se incida en la legitimación social de esta política y de los presupuestos que la sostienen.

En cuanto al Segundo Pilar, la PAC deberá invertir en modernización de infraestructuras productivas y en posibilitar una auténtica diversificación económica, una oferta de servicios y una calidad de vida equiparable entre el medio rural y el medio urbano, que permitan la dinamización, el rejuvenecimiento y la feminización de nuestro medio rural.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Cámara la siguiente

RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno de Castilla-La Mancha a que, ante la inminente apertura del periodo de participación pública sobre la reforma de la PAC para su aplicación a partir de 2021, participe en el diseño de una posición española consensuada con las Comunidades Autónomas y defienda firmemente los intereses regionales ante las instituciones nacionales y europeas competentes.

Instar también al Gobierno de España a:

- Fortalecer, defender y priorizar la figura de los agricultores profesionales puesto que son los auténticos vertebradores del sector y del medio rural. Establecer un techo de ayudas por explotación de 150.000 euros, tal y como preveía la aplicación de la PAC actual. Los fondos ahorrados como consecuencia de la aplicación del techo de gasto se deberán dedicar a la Incorporación de Jóvenes a la actividad agraria.
- Establecer un nuevo cálculo de los derechos de la PAC de agricultores y ganaderos sin considerar para ello derechos históricos ya claramente desfasados, de forma que se posibilite la convergencia.
- Impulsar la modernización de explotaciones e infraestructuras agrarias como herramienta de dinamización sectorial que redunde en su mayor rentabilidad.
- Priorizar en sus diferentes medidas de ayuda las iniciativas presentadas por los jóvenes y por las mujeres como mecanismo de fortalecimiento, rejuvenecimiento y feminización del medio rural.
- Dotar de herramientas para fortalecer la posición de los productores y transformadores de la cadena alimentaria, con especial atención a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos que constituyen el eslabón más débil de la misma.
- Posibilitar en este proceso de creación y defensa de la posición regional ante la reforma de la PAC, una participación intensa, abierta y leal de los distintos agentes sociales implicados mediante una interlocución constante y una trasparencia permanente. 

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